Gobierno inicia proceso para suspender el pago de pensiones en 700 casos de exonerados políticos objetados por Contraloría
IPS analizará desde hoy 700 casos para suspender las pensiones que se están pagando.
Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, anunció que se ampliará la denuncia presentada en el Ministerio Público tras informe de Contraloría que dio cuenta de 3 mil falsos exonerados.
La ministra del Trabajo y Previsión Social, Evelyn Matthei, confirmó que hoy se inició el proceso para materializar la suspensión de beneficios a todas aquellas personas que los han obtenido de forma irregular y que están dentro del plazo respecto del cual Instituto de Previsión Social (IPS) tiene competencia para actuar administrativamente, es decir, los últimos dos años. “Estos casos podrían llegar a 700”, señaló la ministra.
La secretaria de Estado agregó que el Gobierno tiene la voluntad de suspender los pagos en todos los casos que existen irregularidades y recordó que el informe de la Contraloría General de la República ha señalado que se están pagando 5.917 pensiones de forma irregular y que no corresponden. En los casos aparentemente prescritos “se hará una consulta a la Contraloría, para que esta nos indique las acciones necesarias para logar la suspensión del pago de todas esas pensiones irregulares”, advirtió.
Respecto a las acciones judiciales del ministerio del Trabajo, Matthei anunció que el Director del IPS, junto al equipo especial de profesionales anunciados ayer y que encabeza el abogado Mario Zumelzu, ha tomado la decisión de iniciar acciones legales con el fin de determinar las responsabilidades penales. Las querellas se realizarán por el delito de fraude al fisco y se dirigirán en contra de todos quienes resulten responsables.
“Aquí siempre estamos hablando de personas que obtuvieron beneficios de forma irregular. Yo voté a favor de las dos primeras leyes que concedieron beneficios a los exonerados. Yo me he reunido con Raúl Celpa (presidente de la Asociación Nacional de Exonerados y Presos Políticos), quien tiene el dolor de que una causa, que es verdadera y dolorosa, tenga que verse involucrada en un escándalo que a ellos no los tocan. Los verdaderos exonerados tienen nuestro apoyo, tienen nuestro respeto y no se les va a tocar”, aseguró la ministra.
El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, anunció que el equipo jurídico que reforzaron los abogados Juan Domingo Acosta, Cristian Gandarillas y Luis Hermosilla, ampliará la denuncia que se presentó hace un año atrás al Ministerio Público con el objetivo de poner a disposición de la justicia todos los antecedentes entregados por la Contraloría y los nuevos antecedentes que fueron recabados a partir del 9 de mayo, día en que la Contraloría dio a conocer su último informe
“Acá las responsabilidades son siempre individuales, y el Ministerio Público deberá determinar si son las personas que solicitaron, si es la comisión que calificó, si es la autoridad administrativa que firmó la resolución respectiva, si son los parlamentarios que entregaron certificados. Eso no nos corresponde a nosotros. A nosotros nos corresponde poner todos los antecedentes al Ministerio Público”, sostuvo la autoridad.
Adicionalmente, Rodrigo Ubilla, agregó que “vamos a pedir a Contraloría que nos instruya sobre cómo proceder con los 3 mil falsos exonerados que el organismo acreditó en su informe y además enviaremos toda la información detallada caso por caso con nombre, rut y carpetas de los 4.500 casos que la Subsecretaría del Interior identificó como falsos exonerados y que actualmente están recibiendo pensiones. Así, a los 3 mil que identifica Contraloría, se sumarán los 4.500 casos que este Ministerio detectó como falsos exonerados, de modo tal que constituyan el primer grupo de 7.500 personas sobre las cuales podamos pedir la revocación de las exoneraciones irregularmente concedidas”.
Cabe recordar que el órgano contralor revisó una muestra de 9.145 casos, de los cuales registró 3.318 anómalos en su calidad de exonerado político, y también cuestionó al IPS por haber entregado pensiones a 5.197, que no ameritaban el beneficio.