Esta nueva norma completa un total de 45 leyes tramitadas en materia de seguridad pública, la cifra más alta para un gobierno desde el retorno de la democracia.

Durante esta mañana el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, llegó hasta la 44° Comisaría de Carabineros de Lo Prado, lugar en el que fue recibido por el alcalde de la comuna, Maximiliano Ríos.

El cuartel policial fue el escenario en donde el Mandatario, en compañía de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, promulgó la nueva Ley que regula los sistemas de registro y almacenamiento audiovisual en actuaciones policiales. “Avanzar en seguridad implica contar con policías que incorporen en sus procedimientos herramientas que les den seguridad a ellos, a las policías, conocimientos tecnológicos avanzados, como también dotar de transparencia su actuar”, comentó el Presidente.

Y agregó que la seguridad “es un problema país que tenemos que abordar como Estado y como sociedad. Así lo entiende este Gobierno y así lo vamos a seguir trabajando”.

En ese sentido, el jefe de Estado abordó las cifras legislativas en materia de seguridad señalando que el Gobierno ya cuenta con 45 normas tramitadas, convirtiéndose así en la administración con mayor número de proyectos aprobados en la materia desde el retorno de la democracia. “Éste es un esfuerzo que es profundo, que es integral, que no tiene precedentes”, dijo el Presidente.

Por su parte, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, destacó la importancia de este proyecto de ley sobre cámaras corporales:  «Es una legislación que nos va a permitir que paulatinamente las policías vayan incorporando el uso de cámaras corporales con un sustento legal que las va a ser obligatorias y que va a significar que tanto los policías van a estar protegidos de acusaciones infundadas como los ciudadanos y las ciudadanas de actuaciones abusivas. Esto es fundamental porque lo que significa es que avanzamos en confianza pública, avanzamos en fortalecimiento y modernización de las policías». 

El proyecto

• La norma promulgada establece como regla general que los funcionarios policiales (Carabineros y PDI) deberán grabar sus actuaciones en lugares públicos, de libre acceso al público y en lugares cerrados cuando realicen detenciones en flagrancia y registros (con o sin autorización judicial).

Las unidades de Carabineros de Chile y PDI que tengan esta obligación, serán determinadas por el Presidente de la República. El proyecto contempla ir aumentando periódicamente las unidades que deberán portar obligatoriamente este tipo de elementos. También establece como obligatoria la entrega del material registrado al Ministerio Público para su uso como prueba en procesos penales; el deber de destruir los antecedentes que sean obtenidos en lugares no permitidos por la norma, o bien, si estas no resultaren útiles para la investigación de acuerdo a lo establecido por el Ministerio Público, una vez transcurridos dos años desde el registro.

Establece una sanción para los funcionarios que modifiquen, oculten, eliminen o alteren de cualquier forma los sistemas de registro y almacenamiento audiovisual, castigándose con suspensión del empleo en su grado máximo (suspensión de 2 años y un día a tres años) y multa de quince a veinte unidades tributarias mensuales.

El protocolo de uso y gestión de los registros quedarán normados por un reglamento dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, previo informe de Carabineros de Chile y PDI. Los reglamentos deben dictarse en un plazo de 6 meses desde que la Ley es publicada. La ley comenzará a regir 6 meses después de la publicación de dichos reglamentos.

Para el año 2024 se contempla el arriendo anual de 4.433 dispositivos para funcionarios de Carabineros de Chile y PDI. El gasto anual en régimen del proyecto será de $7.407.543.000 (siete mil 407 millones de pesos).