Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Ministro del Interior y Seguridad Pública (S) calificó como “de gran gravedad” los resultados que arroja la revisión de expedientes de exonerados políticos

Ministro del Interior y Seguridad Pública (S) calificó como “de gran gravedad” los resultados que arroja la revisión de expedientes de exonerados políticos

Rodrigo Ubilla afirmó que con los 2.000 casos de falsos exonerados, queda de manifiesto el abuso en el que incurrieron algunos parlamentarios y el mal funcionamiento de la Comisión dependiente del ministerio.

El ministro del Interior y Seguridad Pública (S), acompañado del jefe de la oficina de Exonerados Políticos, Román Zelaya, entregó hoy los antecedentes de la segunda etapa de revisión de expedientes de exonerados políticos al presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Sergio Urrejola.

El CDE recibió un completo análisis de la investigación que abarcó un universo de 5.704 carpetas, que dejó de manifiesto 1.742 nuevos casos de irregularidades, en los cuales se cuentan 1.095 certificados de autoridades políticas, principalmente parlamentarios.

Además, en los 3.962 expedientes en los cuales no se hallaron irregularidades, se contaron sólo 130 certificados de parlamentarios. “Es decir, hay una fuerte correlación entre los certificados de parlamentarios y expedientes irregulares” sostuvo el ministro (S).

Esta revisión se suma a la informada al CDE el 26 de octubre recién pasado y que involucró un universo de 4.000 carpetas, en las cuales se encontraron 244 casos de falsos exonerados.

“Hemos alcanzado la cifra de 2 mil falsos exonerados” sostuvo el ministro del Interior (S) quien fue enfático al asegurar que las nuevas irregularidades dadas a conocer al CDE demuestran “el abuso sistemático de distintos parlamentarios que usaron el mecanismo de certificados para justificar la entrega de beneficios a falsos exonerados y, el manejo irresponsable por parte de las autoridades de Gobierno que son directamente responsables de la calificación, no sólo la Comisión que hacía el trabajo, sino también las autoridades políticas del ministerio del Interior del momento”.

Ubilla explicó que atendido el gran número de nuevos casos detectados con evidentes anomalías,  y pudiendo presumir fundadamente que ya no se trata de situaciones aisladas, se le requirió al  Consejo de Defensa del Estado que inicie las acciones judiciales que se estimen procedentes a objeto anular las resoluciones y/o decretos derivados del procedimiento calificatorio irregular; ello sin perjuicio de hacer efectivas las responsabilidades civiles y/o penales derivadas del mismo.

También se solicitó que se estudie y determinen  las posibles responsabilidades legales de los funcionarios públicos y autoridades políticas encargadas del proceso calificatorio.

Al mismo tiempo, atendido el gran número de certificados emitidos por autoridades políticas, fuera del ámbito de su competencia, especialmente parlamentarios, Rodrigo Ubilla solicitó al CDE el estudio de las responsabilidades legales que les hubiere cabido en el otorgamiento irregular de la calidad de exonerado político y los beneficios previsionales derivados de la misma.

Finalmente, el ministro del Interior y Seguridad Pública (S) llamó a los parlamentarios que han entregado certificados a falsos exonerados a “dar las explicaciones respecto del porqué, en forma indiscriminada, entregaron estos certificados” porque la entrega de esos documentos impide “poder garantizar que esas personas realmente habían sido exonerados políticos”.