¿ Por qué una nueva Constitución?

Una opinión, ciertamente legítima, sobre el proceso constituyente que vive Chile, afirma que el país no necesita una nueva Constitución. Según esta visión, la Carta Fundamental hoy vigente ha probado poseer suficientes méritos como lo acredita no sólo el haber posibilitado 25 años de vida democrática, la vigencia de un Estado de Derecho que se ha venido progresivamente perfeccionado –en suma, una democracia constitucional– sino también bases institucionales sólidas en las que ha descansado un proceso de desarrollo económico más que relevante.

Se puede decir que la Constitución hoy vigente contiene normas y principios que han conformado un orden público económico adecuado para la consecución del progreso material de la nación.

¿Por qué entonces la necesidad de una nueva constitución que la sustituya?

Legitimidad y confianza

El principio de legitimidad en que descansa la vida política que se desenvuelve en democracia es sinónimo con el principio de legalidad, y es a este principio que se ha ajustado nuestro devenir político durante los últimos veinticinco años.

Como es de conocimiento público, el proceso constituyente propuesto se ajusta al principio de legalidad, reconociendo en él la fuente de legitimidad del orden político democrático y su operación.

En efecto, el proceso constituyente contempla como una de sus etapas el envío al Congreso  una iniciativa de reforma de la Constitución vigente, durante el segundo semestre del año 2016 sometiéndose la decisión sobre él mismo a los quórums que contiene la Constitución que nos rige, y que no está de más recordar las autoridades juramos respetar.

A la vez, la propuesta radica en el Congreso elegido el año 2017 la decisión sobre el mecanismo constituyente, como asimismo la deliberación sobre el proyecto de nueva constitución.

Hoy, podemos afirmar que este diseño del proceso constituyente, orientado estrictamente por el principio de legalidad, y por consiguiente por el respeto de los quórum prescritos por las normas vigentes, goza del consentimiento de la sociedad nacional. En esta materia, no hay atajos que impliquen burlar la legitimidad propia del proceso democrático.

Vale la pena destacar que este respeto por el principio de legalidad tiene consecuencias sustantivas más que importantes. En efecto, al comenzar la deliberación pública sobre la necesidad de una nueva constitución, surgieron voces de alarma que destacaban un supuesto riesgo: un proceso no enmarcado por el principio de legalidad, que permitiera que minorías caracterizadas por preferencias intensas y capacidades excepcionales de movilización política, impusiera al resto de la comunidad nacional una Carta fundamental contradictoria en sus contenidos con las preferencias de las mayorías.

Tal como está diseñado el proceso constituyente, ese riesgo no existe. Como es normal en democracia, las preferencias mayoritarias gozan de las garantías que las protegen del asalto por esas minorías de preferencias intensas y excepcionalmente activas.

Hay que subrayar que, como lo ha venido destacando la ciencia política, la convivencia en democracia exige también que las instituciones y su operación descanse en un depósito importante de confianza por parte de la ciudadanía.

En la medida en que a la vigencia del principio de legitimidad, sinónimo del principio de legalidad, no se asocie a la vez un principio de confianza que permee la trama institucional, estamos en presencia de una democracia imperfecta, que encierra potencialidades de disfuncionalidades relevantes, que pueden ir acumulándose en el tiempo, con nefastos desenlaces posibles.

Dado el carácter de norma fundamental, que está en la base de toda la arquitectura institucional, es evidente que ese principio de confianza se requiere necesariamente para la Constitución, ese complejo normativo en el que se sustenta el orden político, la trama de valores que orienta el conjunto de la sociedad civil, y ciertamente el orden público económico.

No necesito destacar que la Constitución que nos rige no goza de esa confianza que debe asociarse a ella. Como lo revelan sistemáticamente los sondeos de opinión pública, existe una mayoría ciudadana más que importante que expresa una preferencia por una nueva constitución o por reformas constitucionales. Para citar sólo uno de esos sondeos, la Encuesta Nacional 2015, Universidad Diego Portales, estima esa mayoría aproximadamente en un 79%.

Una cifra de esa envergadura sólo puede conducir a la conclusión que lo que hemos denominado como el proceso constituyente, cuyo desenlace es una nueva Carta fundamental, necesariamente tiene que ocupar un lugar privilegiado en la agenda política nacional, y es esa necesidad la que ha recogido el Gobierno dando inicio al proceso constituyente.

El proceso constituyente y la participación ciudadana

Como bien lo demuestra nuestra propia historia reciente, la confianza que la sociedad deposita en sus instituciones, y por consiguiente la credibilidad de que ellas gocen, dependen no sólo de los contenidos de las normas que las generan sino también de la forma de los procesos que crean esas normas. Demás está recordar que parte de la mayoría ciudadana que prefiere una nueva Constitución basa esa preferencia en un enjuiciamiento de los orígenes históricos de la Carta hoy vigente.

Es precisamente con el propósito de alcanzar en definitiva una Constitución que goce del mayor compromiso ciudadano con ella, que la decisión presidencial sobre las etapas a las que se está sujetando el proceso constituyente contempla en el origen  un proceso de consulta ciudadana próximo a iniciarse.

Se trata de un proceso de participación ciudadana libre, informado, robusto, transparente, pluralista y sin sesgos político-partidistas. Para garantizar que este proceso goce de estos rasgos es que se creó el Consejo Ciudadano de Observadores, cuya composición plural y la calidad de sus miembros fundamentan esa garantía.

Quiero también destacar que la última etapa del proceso constituyente propuesto, prevista bajo un mandato gubernamental distinto del actual, esto es, el proceso de ratificación de una nueva Constitución, contempla la convocatoria a un plebiscito que apruebe o rechace la Carta fundamental propuesta.

De esta manera, el Gobierno hace efectiva la preocupación por la construcción de un proceso que posibilite la mayor inclusividad ciudadana del consentimiento del que goce una nueva Constitución, y por consiguiente bases confiables y creíbles para una nueva institucionalidad.

Las bases para un orden público económico y las oportunidades que abre la deliberación sobre una nueva Constitución

Constituiría una hipocresía de mi parte simplemente ignorar que existen inquietudes y aprehensiones respecto del tema del orden público económico y los contenidos que sobre él posea una nueva Constitución.

Hay quienes ven en el proceso constituyente y su desenlace una amenaza al tipo de economía que ha caracterizado al país durante los últimos veinticinco años, amenazas cuya concreción en el extremo implicarían una regresión hacia modelos de economía hoy simplemente anacrónicos.

Obviamente, carece de sentido predecir los contenidos específicos respecto del orden económico que asumirá una nueva Constitución. Todo proceso de deliberación democrática supone un grado de indeterminación, cuya ausencia implicaría la negación de ese carácter democrático del proceso.

No obstante, creo que hay antecedentes suficientes que permiten desechar la existencia de esas amenazas.

La economía chilena contemporánea se organiza en términos de dos pilares o arquitecturas institucionales fundamentales: el Mercado y el Estado.

Si se estudian las diversas visiones que sobre el orden económico existen hoy en Chile, recurriendo a las diversas fuentes en que ellas se expresan, tales como las concepciones programáticas de los partidos políticos, las opiniones que formulan los intelectuales públicos, las investigaciones y elaboraciones teóricas de los economistas profesionales, y así por delante, los estudios se toparán sólo en casos muy excepcionales con visiones que contradigan ese tipo de economía que articula Mercado y Estado.

Puesto de otra manera, visiones o concepciones que postulan sea una economía de comando central donde sólo hay Estado, o una economía libertaria donde sólo existe Mercado, son concepciones que en el mejor de los casos habitan en los márgenes ideológicos de la sociedad.

Más que mayoritariamente, las ideas predominantes atribuyen funciones esenciales a ambos miembros del binomio Mercado-Estado. El desafío en realidad no es debilitar uno en favor del otro, sino, si se me permite plagiar una formulación que creo que expresa mejor que ninguna lo que es deseable, aspirar y trabajar por más y mejor Mercado, y por más y mejor Estado.

Sinceramente, no creo que la deliberación democrática sobre las bases del orden público económico, y por consiguiente sobre la economía deseable para Chile, vaya a descarriarse y se traduzca en la aniquilación de una combinación virtuosa de Mercado y Estado.

Contrariamente, creo que esa deliberación democrática va a abrir importantes oportunidades para explorar e identificar fórmulas institucionales que posibiliten respuestas eficaces a diversos problemas que hoy nos plantea la operación de nuestra economía.

Estoy pensando en problemas y los consiguientes desafíos que conllevan como los siguientes:

La protección y estimulación de la libre competencia, y las bases institucionales requeridas para su regulación.
La protección de los derechos de las personas en cuanto consumidores, usuarios de servicios financieros, de prestaciones de salud, de servicios educacionales, y en general en cuanto a la regulación de las relaciones entre personas y empresas.
La identificación de bases institucionales claras y eficientes que sustenten la regulación de procesos productivos y sostenibilidad medio ambiental.
Una definición moderna del principio de subsidiariedad que permita una acción estatal en áreas como políticas industriales, investigación y desarrollo, incentivo del emprendimiento.

La lista puede ser larga, y constituir una buena expresión sobre cómo superar la idea de un proceso constituyente que básicamente es un riesgo para la economía por una visión que busca definirlo como uno que abre oportunidades para arribar a una arquitectura cuyos pilares son el Mercado y el Estado, que se relacionan entre sí creativamente, generando más prosperidad, mejor calidad de vida, más y mejor desarrollo de las personas.

Un punto que vale la pena relevar es que la deliberación constitucional no sólo abre oportunidades para un perfeccionamiento de las instituciones que configuran el Mercado, y específicamente arribar a normativas de calidad en cuanto a temas como la regulación tanto de la actividad empresarial, como de la interacción entre empresas y personas.

Esa deliberación constitucional también abre oportunidades para la identificación de fórmulas normativas que impliquen elevar la calidad del otro miembro del binomio: el Estado. De la eficacia, eficiencia, empleo sistemático de conocimientos científicos y técnicos, objetividad e imparcialidad, que caractericen el desempeño del Estado, dependerá en gran medida la calidad del desempeño del Mercado, y a través de las políticas públicas macroeconómicas que identifica e implementa los destinos de la economía nacional en su globalidad.

Ciertamente, en este ámbito de cuestiones no se parte de cero. Todo lo contrario. Ya existe hoy un orden público económico, y ciertas instituciones básicas de origen constitucional, como la existencia de un Banco Central autónomo, para poner sólo un ejemplo, constituyen piezas claves de ese orden y su operación.

El desafío reside entonces en identificar principios y normas de rango constitucional que posibiliten una mucho mejor articulación de Mercado y Estado.

Al terminar esta exposición quisiera reproducir, en parte, lo que dijéramos sobre este tema, hace casi un año con ocasión de una invitación que me extendiera ICARE, mi primera exposición pública sobre el tema, palabras que, a mí entender tienen plena validez:

“Desde hace 25 años la política democrática se ha desenvuelto con sus defectos y sus inevitables tensiones dentro de los cauces la Constitución vigente.

Preferiré llamarla así y no Constitución del ‘80 en razón de las sustanciales reformas que ha tenido y que algunos de los que estamos en esta sala hemos participado en las mismas.

La Constitución vigente ha sido desde esa perspectiva una Constitución eficaz. En la historia de Chile sólo dos de sus antecesoras pueden dar cuenta de 25 años de plena vigencia. Y hablo de los 25 años de la Constitución vigente desde el 90, lo otro me parece que es una vigencia más simplona producto que estaba amparada en un régimen dictatorial.

Durante este período la Constitución política puede exhibir haber impuesto un orden que, aunque imperfecto, nos ha permitido resolver los problemas dentro de la institucionalidad, en paz, conforme a unas reglas con vigencia del Estado de derecho.

La Constitución que nos rige ha permitido también ya durante 25 años la vigencia de una democracia que aunque imperfecta, defectuosa, ha hecho que sean los ciudadanos en elecciones periódicas e informadas, en un momento obligatorias, después desgraciadamente voluntarias, quienes  decidan las autoridades que nos gobiernan incluyendo la alternancia en el poder.

Sin duda hay críticas a la Carta Fundamental porque casi desconoce mecanismos de democracia directa. No obstante, no son muchos los períodos de la historia de Chile que excedan con creces esta continuidad deseable.

No sólo eso. Salvo en episodios breves en territorios azotados por desgracias de la naturaleza durante 25 años la política se ha desenvuelto sin recurrir a estados de Excepción. Esa es una característica en que supera a sus predecesoras, 25 y 33. Bajo la vigencia de esta Carta han regido entonces las libertades más consustanciales a una democracia liberal.

No se trata sólo del goce de las libertades individuales, que no es poco. Cuántas sociedades en la hora actual luchan denodadamente por aquello.

También durante su vigencia se han expandido notablemente el disfrute de los derechos económico-sociales producto del crecimiento económico, la reducción de la pobreza y la implementación de políticas públicas que han garantizado a todo evento algunos mínimos en salud y protección social.

Ciertamente estos logros tienen sus oscuridades, pero ninguna de ellas logra opacar la veracidad esencial de lo afirmado.

La Constitución que nos rige hasta aquí ha logrado las dos metas a la que desde una perspectiva democrática, liberal y republicana aspira cualquiera en su género: regir eficazmente las diferencias políticas garantizando el orden, el goce de las libertades y un creciente disfrute de derechos.

No es solo su mérito, pero esos logros se han dado bajo su vigencia estos 25 años. La paradoja, sin embargo, es que la Constitución que nos rige es un problema para Chile y lo es porque carece del aprecio que las Constituciones necesitan para continuar asegurando que resolveremos los conflictos conforme a ella.

Cualquiera sea la razón que asista a quienes la denominan la “Constitución de Pinochet”, “la Constitución tramposa” u otros apelativos, se ha instalado una real insatisfacción respecto de la Carta Fundamental y las Constituciones que no cuentan con el prestigio ciudadano suficiente no son buenas Constituciones.

Cualquiera sean los logros que hayan permitido, pues ella está llamada a ser la palabra con que se zanjen nuestras diferencias. Ella es la razón última que podemos exhibir para superar una crisis.

No podemos entonces, darnos el lujo de vivir bajo la vigencia de una Carta Fundamental que no goza del aprecio popular que necesita, de la legitimidad popular indispensable. La prudencia demanda que entremos en un proceso constituyente, así como la prudencia debe guiar ese proceso.

La Constitución es aquello que nos constituye como cuerpo político, debe ser la casa y la obra de todos y a todos debe interpretarnos.

Tengo la certeza que el pueblo de Chile, convocado a deliberar,  no despreciará los beneficios de un sistema que protege la propiedad privada, así como, estoy cierto, defenderá nuestro régimen de libertades, exigirá igualdad política y señalará que las políticas públicas deben propender a igualdades concretas y garantizadas para asegurar oportunidades al margen de la cuna que a cada uno nos tocó en suerte”.

Los invito entonces a asumir esa actitud frente al proceso constituyente, abandonando visiones negativas, y asumiendo que ese proceso puede ser un escenario de creación y desarrollo nacional.

Muchas gracias