Introducción

Para mí es un honor presentar el libro “Los dos Chiles. Controversias del Voto Voluntario e Inscripción Automática: los que no votaron conocerán quienes decidieron por ellos”, cuyo aporte es fundamental para conocer la participación electoral en nuestro país en las últimas décadas, aunque particularmente con lo que sucedió en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2013, de las cuales contábamos sólo con los resultados generales y alguna aproximación estimativa, pero no con una mirada profunda a dicho proceso eleccionario, que es la que aporta este libro, que constituye un esfuerzo riguroso por abordar un tema que, hasta el momento, sigue siendo uno de los obstáculos pendientes de nuestra actual democracia: El cada vez más bajo interés por participar en los procesos electorales.

No soy un experto en temas electorales, así que me voy a referir como un ciudadano interesado en la política. Y, por cierto, como alguien que está en esta noble actividad y que cree que la participación política, donde la participación electoral ocupa un lugar muy preponderante, es necesaria para la construcción de una democracia más legitima y por ende, a partir de aquello, más estable.

Considerando el actual momento, donde la política ha estado marcada por el desprestigio y un malestar ciudadano que se viene observando desde hace tiempo, este trabajo es un valioso aporte a la comprensión, reflexión y discusión respecto a cómo nos hacemos cargo como sociedad – y particularmente nosotros como políticos – de la baja confianza que los ciudadanos depositan en la política.

Igualmente, este libro es un recordatorio acerca de la importancia e impacto que pueden tener las reformas electorales en la vida política de las personas, afectando tanto sus grados de participación como de involucramiento en los asuntos públicos.

No nos olvidemos que el objetivo de la Ley de Inscripción Automática y de Voto Voluntario, apuntaba a mejorar la participación electoral de las personas, aumentando así la legitimidad no sólo de los procesos electorales, sino que también de las instituciones democráticas.

Soy un convencido, y esto también lo señalé cuando fui diputado y me tocó votar este proyecto, que el voto voluntario ha sido un error político de proporciones. Para ser franco, fuimos muy pocos los diputados que en ese momento votamos en contra del voto voluntario, en el entendido de que restringiría al máximo la participación electoral –de hecho, sólo 7 diputados de 120 votamos en contra de la Reforma Constitucional apoyada, con entusiasmo digno de mejor causa por la inmensa mayoría de los dos grandes bloques políticos. Recuerdo además, que en la comisión de Constitución, escuchamos a Carlos Hunneus, quien, entre otros, nos señalaba los inconvenientes que preveía con toda razón. Hubo algunos otros que reflejaron un entusiasmo brutal por la reforma aprobada.

No sólo eso. A fines de noviembre del 2011, junto a un grupo de parlamentarios, presentamos un proyecto de reforma constitucional que promovía el restablecimiento del voto obligatorio en la Constitución y mandataba al legislador para la creación de un régimen de desafiliación del registro electoral por cada elección[1].

Frente a la inminente puesta en práctica del voto voluntario, y aunque hayamos sido muy pocos, parecía razonable levantar la voz y señalar; “El derecho a participar y ciertamente el derecho a sufragio ha debido conquistarse por muchos grupos excluidos con sangre, sudor y lágrimas, desde que los burgueses revolucionarios de la Europa del XVIII impusieran la idea de que todos hemos nacido libres e iguales. Sólo que “todos” para ellos aludía sólo a los hombres alfabetos y acomodados (voto censitario) hasta bien entrado el siglo 19.

Hacia 1874 se expandió el voto a todos los hombres mayores de 21 años que supieran leer y escribir. De mujeres ni hablar hasta 1948, en que conquistaron el entonces llamado sufragio femenino luego de heroicas luchas. Recién para la elección de Eduardo Frei Montalva votaron los analfabetos y los jóvenes consideraron una gran conquista haber reducido la edad para sufragar de 21 a 18 en 1967.

El camino de la inclusión de todos a la democracia puede relatarse como una heroica historia de éxitos democráticos a lo largo de los siglos XIX y XX. Un camino de luchas, con héroes y heroínas, con difíciles y costosas conquistas, en las cuales las mujeres, los pobres y los jóvenes de otrora pusieron energías admirables. Ese ferviente anhelo y pasión por participar, por ser parte del cuerpo electoral del que somos herederos y ha construido nuestra historia.

Pocas veces he estado más convencido de un error político de proporciones. Pero también, y aunque esté en solitario, pocas veces parece razonable levantar una vez más la voz y decir: la democracia es más fuerte y más sólida con todos. Las opiniones reflejadas en la dimensión obligatoria del voto nos retrotraen al fundamento mismo de la democracia, de nuestra plaza pública, en donde se encuentra el rico con el pobre, el ignorante y el culto, el joven y el viejo, el originario o el huinca y votar con el mismo valor y con la misma fuerza.

¿Hay otras maneras de construir un país que no sea eliminando la segregación, las diferencias y la inequidad? Si hay un bello ejercicio de la libertad es para adoptar las decisiones que a todos nos competen.

Pero, como ya sabemos, la realidad se encargó de ilustrarnos el error que significó el voto voluntario. Si para las elecciones presidenciales de 1989 votó el 84% de la población en edad de votar, para la segunda vuelta presidencial de 2013 participó – el 50%. Aquí el efecto del nuevo sistema de inscripción automática y voto voluntario se hace evidente, ya que para la segunda vuelta presidencial de 2009, antes de que dicho sistema fuese implementado, votó el 59,1% de la población en edad de votar, mientras que para la segunda vuelta de 2013, como vimos, lo hizo algo más de un 40%, una disminución de 18 puntos entre una elección y otra.

Entonces, hemos tenido una participación desigual que se ha traducido en una representación desigual. Esto claramente ha generado un problema para la democracia, afectando principalmente sus niveles de legitimidad. Evidentemente, una democracia no se puede entender sin participación, mientras que la participación tampoco se podrá entender si es que no existen las condiciones necesarias para participar.

Tesis del libro

La tesis del libro es que habría “dos Chiles” entre los votantes, los cuales se han comportado electoralmente de formas distintas entre 1988 y 2013.

Por una parte, están los que se inscribieron en los registros electorales entre 1987 y 1990, los llamados “inscritos antiguos” por los autores, y que han votado regularmente en todas las elecciones.

Por otra parte, están los que no se inscribieron en los registros electorales, llamados “inscritos nuevos”, y que corresponde a todos los chilenos inscritos automáticamente luego de la Ley de Inscripción Automática y de Voto Voluntario.

Tal como lo mencionan los autores, las elecciones de 2013 fueron sumamente singulares. Por ejemplo, y además de la tendencia a la baja de la participación electoral ya mencionada, dichas elecciones mostraron una sustantiva diferencia en la participación entre los dos grupos que componen el padrón electoral. Mientras los inscritos antiguos evidenciaron una alta participación – del orden del 67,6%-, los inscritos nuevos tuvieron una baja participación (25,4%)[2].

Ahora bien, estos “dos Chiles” presentan diferencias significativas. Ya que el primero, correspondiente a los “inscritos antiguos”, es un grupo de electores de mayor edad, con menos educación y marcadamente femenino, mientras que los segundos, los llamados “inscritos nuevos”, se caracterizan por ser más jóvenes, con mayor educación y compuesto en menor medida por mujeres, que en el otro grupo.

Sobre el financiamiento de la política y la desconfianza

Los autores también ponen las señales de alerta –correctamente a mi parecer– sobre el financiamiento de las campañas electorales. En el libro se muestra rotundamente que el financiamiento legal de las campañas ha constituido una fuente de desigualdad política, ya que los recursos no se distribuyen equitativamente entre los candidatos. A esto se suman las faltas a la ética recientemente conocidas, que han puesto en tela de juicio los mecanismos de financiamiento de las campañas por parte de los chilenos.

Sin duda que esto trae consecuencias negativas para nuestra democracia, ya que la actividad política es vista como presa de los intereses económicos de los grupos poderosos, en desmedro de su rol como garante de la institucionalidad, la prudencia y las buenas prácticas encaminadas al beneficio de la sociedad en su conjunto.

Me permito aquí citar los datos de la última encuesta CEP, correspondiente al mes de agosto de 2015. En dicha encuesta se consultó acerca de la confianza en la actividad política, destacando un 88% que señala que tiene “poca confianza” o “ninguna” confianza en la política. Asimismo, cuando se les pregunta por los motivos de la alta desconfianza, el 62% menciona “la corrupción”, mientras que el resto de opiniones tienen relación con el incumplimiento de promesas o la prioridad que los políticos le dan a sus intereses personales en desmedro de los intereses de los representados.

Estos datos son demoledores y nos obligan a todos quienes estamos en política, y nosotros como Gobierno en particular, a hacernos cargo.

Agenda política

Ustedes saben que el Gobierno de la Presidenta Bachelet ha impulsado una agenda ambiciosa en materias de transparencia y probidad, basada en el informe que entregó el Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, Tráfico de Influencias y Corrupción.

De hecho, agradezco que los autores de este libro le dediquen unas líneas a estas iniciativas, que incluyen el fortalecimiento del Servel, el fin de los aportes reservados y de las empresas, financiamiento estatal de los partidos políticos y reinscripción de los militantes, así como leyes para la regulación de las campañas, entre otras medidas.

Como señalan los autores, y aquí los cito: “revertir la negativa evaluación que tiene la ciudadanía sobre la imagen de la política es un objetivo de similar envergadura a lograr que la gente vaya a las urnas”[3]. Sin embargo, yo creo que lo primero pasa por revertir la negativa evaluación que tiene la ciudadanía acerca de la política. Sólo después de esto, con una ciudadanía interesada e informada, se podrá lograr realmente incentivar a que la gente acuda a las urnas para expresar su opción política.

Es por esta razón, que como Gobierno, nos hemos propuesto reformar y fortalecer nuestras instituciones políticas, ya que es una importante forma de intentar revertir la imagen negativa de la política y lograr una mayor legitimidad del sistema.

Por ello aprovecho de reiterar, lo que hemos sostenido, en otros foros públicos;

La agenda de transparencia y probidad no es una propuesta más cuyo cumplimiento quede a la suerte de los recursos de los que dispongamos o del espacio legislativo que podamos buenamente acomodarle. Es un compromiso que dice a la esencia, a la razón de ser y a la legitimidad de la acción pública. Lo es, como decimos, porque esta no es una igualdad más. La política está a la base de las otras igualdades. Si podemos esperanzarnos con un país cada vez más equitativo en lo económico y en lo social, no es porque el mercado vaya a producir ese resultado, sino por la forma en que la política pueda intervenir en él, regulándolo sin ahogarlo, orientándolo, sometiéndolo a algunos límites que dicte nuestra moral compartida. Si tenemos la expectativa de un país más justo es porque tenemos la legítima esperanza que el crecimiento permitirá recursos públicos que, bien focalizados, seguirán permitiéndonos ir en ayuda de los que más lo necesitan. Pero esa confianza en que la política evitará o a lo menos mitigará concretamente los abusos y las inequidades del mercado, supone y exige que el poder del dinero no vicie la política; que en el plano de la política cada ciudadano y ciudadana tengan igual peso por tener igual dignidad y derechos.

Sin derechos políticos igualitarios bien asegurados la promesa de los derechos socio económicos se desvanece. Éstos se aseguran con políticas sociales que se tejen en los anhelos de un país más justo, los que típicamente se manifiestan y prevalecen en la política, siempre que en ella haya genuina representación de mayorías sin interferencia indebida de los intereses económicos cuyo lugar propio es el mercado. No decimos que las ideas y opiniones de quienes prefieren un mercado menos regulado, bajar los impuestos o distribuir menos, no tengan cabida en la política. Ellas son opiniones legítimas que deben competir en la deliberación pública. Lo que no es lícito es que esas opiniones, o cualquier otra, prevalezcan por el poder del dinero.

Limpiar la política de la influencia del dinero es también el requisito necesario para reforzar nuestra democracia. Su fuerza descansa en la credibilidad y en el prestigio de quienes ostentan la representación ciudadana y, por extensión, en los órganos que conforman. El poder en la democracia descansa en la autoridad y ésta depende de que la ciudadanía se sienta representada por aquellos que elige. Hemos sido testigos de cómo daña el prestigio de nuestros representantes y de las instituciones republicanas enterarse que el poder del dinero puede haber influido oscura, subrepticia e indebidamente en sus conductas. Este daño ha sido ostensible, pero bien sabemos que el desencanto no es nuevo, viene de antes y ha tenido preocupantes manifestaciones, incluyendo la progresiva disminución de la participación ciudadana en los procesos electorales. Nuestra profunda convicción democrática nos impele a revertir este proceso de deterioro en los niveles de credibilidad y prestigio en las instituciones básicas de la democracia. No hay prioridad mayor o tarea más noble y desafiante. Es por ello que nuestra vocación, voluntad y compromiso prioritario es el de despejar de distorsiones la voluntad ciudadana en sus representantes. Podemos equivocarnos y llegar a defraudar a la ciudadanía por no saber representar bien a nuestros representados. Eso frustra, pero no indigna a la gente. Lo que la indigna y con razón es que no haya representación efectiva por la interferencia de otros intereses. Por lo tanto, asegurar la igualdad política es condición de la mayor igualdad socio económica y una necesidad urgente para volver a prestigiar la democracia.

Para que ello ocurra es indispensable que el financiamiento de la política no distorsione la voluntad de los representados. De lo contrario, la gente sospecha que sus representantes deben favores o están derechamente cooptados. Creemos que el financiamiento de la política, de los partidos y de las campañas debe provenir principalmente del erario público. Los aportes privados pueden ser un complemento, deben provenir de personas de a pie y ser transparente. A eso responde el proyecto sobre transparencia y financiamiento de la política. Sabemos también que el financiamiento público no es popular, pero más impopular y ciertamente más riesgoso y dañino son los políticos pasando el sombrero en las empresas. El financiamiento público nos permitirá poner exigencias a los partidos políticos, claridad en el ingreso de sus militantes, derechos de participación claros y una gestión y rendición de cuentas mayor y transparente. Esas son las ideas fuerza que inspiran nuestra propuesta de reforma de la ley de partidos.

Palabras de cierre

En todo el libro hay una pregunta que aparece implícitamente –y a veces de manera bastante explícita– que es ¿cómo nos hacemos cargo de esta situación de baja participación electoral? Yo creo que, además de lo que recién les mencioné, lo que se necesita es dialogar, escuchar y aprender a lo que ustedes, como estudiosos de los procesos electorales, nos puedan aportar a nosotros como políticos.

Como persona que ejerce la actividad política, pero también como un ciudadano interesado en estos temas, es que invito a una lectura atenta de este libro. Ya que, sin duda, se trata de un aporte significativo para la comprensión y discusión de los puntos que nos quedan pendientes para mejorar la calidad de nuestra política y, por ende, de nuestra democracia, sin un esfuerzo consistente, permanente que convoque a todos, no será posible y aquello por cierto sería devastador.

Muchas gracias.

[1] Boletín 8062-07, ingresado el 24 de noviembre de 2011.

[2] Pg. 13

[3] Pg. 178